Todos las cuestiones vinculadas a los alimentos, medicamentos, enseñanza, transporte, turismo, actividad aseguradora, actividad bancaria, recaudación fiscal, radiodifusión, regularidad societaria y régimen provisional, son de interés público ya que cualquier perjuicio que se derive de tales actividades tiene repercusión en los derechos colectivos de la sociedad toda, razón por la cual el Estado pretende cumplir con el control de tales actividades a través de organismos creados específicamente para supervisar cada una de ellas.

Estos organismos están preparados para recibir denuncias o reclamos y la presentación de su queja formaría parte de la participación ciudadana en cuestiones de interés común. La supervisión de estas actividades se financia con los Ingresos Públicos, los impuestos que se recaudan, al igual que todas las funciones básicas que el Estado debe garantizar, por ello el consumidor debe exigir la factura de cada compra, mediante la cual conservará la prueba del producto adquirido.